En una entrevista el Presidente de la Corte de Lima, Miguel ángel Rivera Gamboa señaló los nuevos retos a los que se enfrenta la justicia frente a la seguridad sanitaria impuesta debido al Covid-19.
Entrevista dirigida por El Diario Oficial el Peruano: La pandemia obliga a la transformación digital de la justicia con el imperativo de la salud pública, indicó el Presidente de la Corte, que detalla las acciones que se ejecutan para la reanudación de estas actividades.
¿Cómo se prepara la Corte de Justicia de Lima para reanudar sus actividades presenciales?
En la Corte de Lima hemos asumido claramente que la pandemia no solo determinó la suspensión de las actividades, sino que además nos obliga a una rápida transformación digital para ofrecer en lo inmediato un futuro diferente en cuanto a la prestación del servicio de justicia, tomando como imperativo de salud pública, asegurar el funcionamiento institucional con el menor desplazamiento y concurrencia de trabajadores y público, y de contacto e interacción física entre dichos operadores judiciales y los usuarios del sistema de justicia. De este modo, al interior de la institución impulsamos decididamente el trabajo remoto, con todas las complejidades que esto implica, en organización, gestión y control, con el propósito de permitir a magistrados y personal cumplir sus funciones sin necesidad de concurrir todos los días a las sedes judiciales. Y, de cara a la ciudadanía, implementamos una serie de herramientas, aplicativos y canales de atención, que igualmente permitan a los justiciables y abogados formular sus demandas, presentar escritos, participar en las audiencias, sostener entrevistas con los jueces, etcétera, sin necesidad de acudir físicamente a los órganos jurisdiccionales.
¿Se han implementado herramientas tecnológicas?
En un lapso ajustado se ha desarrollado, por ejemplo, la Mesa de Partes Electrónica para la presentación de demandas y escritos en todas las especialidades no penales, que en breve comprenderá también a los juzgados y salas penales. Asimismo, generalizaremos la realización de videoaudiencias en todas las especialidades; queda como excepción residual las audiencias presenciales, tradicionales. Apuntamos a la masificación de la notificación electrónica, implementándola en todos los juzgados de paz letrados que carecían de dicho sistema; a la habilitación de un sistema de citas para entrevistas virtuales o telefónicas con los jueces; a canales de atención telefónica y por correo electrónico para la formulación de pedidos, entre otros. Todo esto, además, en un tiempo récord y de dificultades inusuales para la modernización tecnológica y la necesaria capacitación a los usuarios internos y externos de dichas herramientas.
¿Cómo procederá el retorno presencial?
En la Corte se aplica las directivas emanadas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que ha programado la reanudación de las actividades con un cronograma que comprende dos fases: la primera, de transición, del 17 al 30 de junio; y la segunda, a partir del 1 de julio, para el retorno pero sin atención al público. Así, en esta primera fase la concurrencia a las sedes es interdiaria. La atención al público recién se realizará desde el 17 de julio próximo.
Normativa
La administración hace un gran esfuerzo por cumplir a cabalidad la normativa vigente, con las restricciones impuestas por las condiciones presupuestales para afrontar los requerimientos imprevistos de la pandemia, así como las condiciones de mercado para la contratación de profesionales especializados y de suministros de seguridad sanitaria, reveló el titular de la corte capitalina. Esto además de las dificultades para el desarrollo de las necesarias actividades presenciales de acondicionamientos, etcétera, que complican grandemente la implementación de medidas para una población laboral de 4,500 personas distribuidas en más de 30 sedes, agregó. No obstante ello, sostuvo que todo el esfuerzo organizacional está concentrado en ofrecer a trabajadores y público las garantías de seguridad sanitaria según los estándares normativos, a fin de asegurar el retorno laboral previsto y mantener la operatividad del servicio de justicia sin desmedro de resguardar la salud de todos.
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